A finales de abril de 2025, España afrontaba una situación hídrica mixta: mientras las cuencas del Duero, Ebro y Tajo disfrutaban de niveles de embalsado superiores al 84 %, las del Segura, la Cuenca Mediterránea Andaluza y el Guadalquivir permanecían claramente por debajo de la media nacional, entre el 29 % y el 61 % de sus capacidades totales. Esta disparidad refleja el carácter dual de nuestra geografía: regiones húmedas en el norte y noroeste versus territorios mediterráneos sometidos a un estrés hídrico crónico. Las últimas lluvias de marzo y abril, inusualmente generosas en el Cantábrico y el centro, han elevado la reserva nacional al 76,4 % (42 835 hm³) —aproximadamente un 2,6 % más que a comienzos de mes—, lo que equivale a casi 7 000 hm³ por encima de la media de la última década para estas fechas. No obstante, este alivio estacional no atenúa la severidad del déficit acumulado en las cuencas mediterráneas, donde, a pesar de haber recibido más lluvia que la media anual en lo que va de temporada, persisten embalses críticos con niveles inferiores al 25 % de su capacidad total.
En el sureste peninsular, la cuenca del Segura es la más perjudicada: con un embalsado del 29 % y presas como Fuensanta y Cenajo por debajo del 25 %, sus regantes han visto reducido a mínimos el trasvase Tajo‑Segura, la única gran solución de transferencia intercuencas permitida actualmente. La prolongada falta de precipitaciones veraniegas y la elevada demanda agrícola —fundamentalmente cítricos y hortalizas— han colapsado la frágil ecuación entre oferta y demanda, forzando restricciones en el riego que amenazan la viabilidad económica de explotaciones familiares y empresas agroindustriales. En paralelo, los municipios costeros de Murcia y Alicante han implantado limitaciones al consumo urbano, como la prohibición de llenado de piscinas públicas y cortes programados en riego ornamental, medidas nunca antes vistas a esta escala en la región.
La cuenca del Júcar, al noreste del Levante, presenta un panorama algo menos dramático —embalses al 63 % de media— aunque con embalses secundarios en situación alarmante (Cuevas de Almanzora al 8 %). Aquí, la combinación de restricciones urbanas y tarifas progresivas ha logrado frear solo parcialmente el consumo agrícola, responsable del 40 % del uso total de agua. La falta de coordinación real entre administraciones autonómicas y la carencia de un plan hidrológico nacional consensuado perpetúan la incertidumbre: cada cambio normativo desemboca en recursos ante el Tribunal Supremo, donde en 2023 se acumularon más de 25 demandas por concesiones intercomunitarias.
Contrasta este escenario con el del norte y noroeste peninsular, donde las cuencas Cantábrico, Miño‑Sil y las gallegas rondan el 84–87 % de embalsado gracias a inviernos y primaveras relativamente lluviosos. No obstante, incluso allí se detectan puntos críticos: presas costeras en Galicia como Finisterre operan al 9 % de su capacidad, señal de que no existe garantía absoluta frente a la variabilidad climática. Además, la caída del caudal anual en Galicia y el Cantábrico, cercana al 15 % en las últimas dos décadas, presagia que el norte no es ajeno al avance de condiciones más secas en España.
A nivel climático, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) califica el invierno 2024‑25 como “muy cálido”, con una temperatura media 1,2 °C por encima de la media de 1991‑2020, y lo sitúa entre los cinco inviernos más cálidos del siglo XXI. Asimismo, la precipitación acumulada en la temporada hidrológica (octubre‑abril) superó en un 17 % el valor normal, debido sobre todo a las lluvias en el noroeste y centro peninsular. Sin embargo, esta pluviometría mejor de lo habitual no ha bastado para paliar el déficit estructural del Levante y sureste.
En el terreno agrario, la sequía ha mermado notablemente la rentabilidad de cultivos de secano. ASAJA cifra en un descenso del 32,8 % la superficie de almendros en Alicante en los últimos 14 años, debido al estrés hídrico y la muerte masiva de árboles. El arroz, beneficiado por lluvias ligeramente superiores al promedio en 2025, aumentó su superficie un 49 % respecto a 2023 pero sigue por debajo de la media histórica, lo que evidencia la inestabilidad del ciclo productivo. Paralelamente, el sector ganadero suple la falta de pastos locales con piensos importados, lo que incrementa los costes y reduce los márgenes de explotaciones familiares.
La industria hidroeléctrica, en cambio, ha encontrado un aliado inesperado: pese a la sequía general, los embalses destinados a producción eléctrica estaban al 87,9 %, cifra superior a la media de los últimos cinco años. Esto ha permitido mantener la generación hidráulica en momentos de pico, aliviando la demanda de combustibles fósiles y la volatilidad de precios. No obstante, la gestión de estos caudales debe ser cuidadosa para evitar vertidos incontrolados en caso de lluvias extremas, y la creciente penetración de eólica y solar invita a replantear el papel de la hidroeléctrica en el mix energético.
Frente a este reto, el Gobierno central aprobó el 15 de marzo de 2025 un Real Decreto‑Ley que moviliza 450 millones de euros para ayudas agrarias y medidas fiscales que incluyen reducciones en módulos de IRPF del 20 %, exenciones de IBI rústico y financiación blanda mediante líneas del ICO. Además, se eximió temporalmente de cánones de regulación y tarifas de uso del agua en las cuencas más afectadas (Guadalquivir y Guadiana) para aliviar a regantes e industrias mientras las reservas se recuperan. En paralelo, el Real Decreto 347/2025 de 22 de abril aprobó subvenciones directas a productores de frutos secos y otros cultivos de secano del arco mediterráneo.
A nivel autonómico, las comunidades de Andalucía, Valencia y Murcia han declarado planes de emergencia hídrica que implican restricciones estrictas en uso público (prohibición de riego ornamental, lavado de calles y llenado de piscinas) y campañas de concienciación ciudadana para fomentar el ahorro doméstico. Cataluña, tras superar reservas del 63 %, levantó parcialmente sus restricciones en marzo, aunque mantiene vigilancia ante posibles repuntes de calor. Todas ellas han solicitado al Estado inversiones en desalación y modernización de regadíos para 2026, con fondos europeos del Plan de Recuperación (PERTE Agua y Resiliencia).
La digitalización y la innovación tecnológica se presentan como palancas fundamentales: Hidraqua, en la Comunitat Valenciana, invirtió 16,5 millones en 2025 para dotar a sus redes de sensores de telemetría capaces de detectar fugas instantáneamente y optimizar presiones; se han desplegado más de 17 grandes desaladoras con tecnologías de ósmosis inversa de bajo consumo, y los Planes de Telecontrol agrario combinan drones y sensores de humedad para aplicar el riego de goteo solo donde es estrictamente necesario. Además, la reutilización de aguas depuradas avanza: ciudades como Madrid y Barcelona emplean aguas regeneradas en riego de zonas verdes y sistemas de recarga de acuíferos urbanos, liberando agua potable para consumo humano.
Pese a estas iniciativas, los expertos coinciden en que solo un nuevo Plan Hidrológico Nacional, renegociado y consensuado con todas las comunidades autónomas, podrá dotar de certidumbre a largo plazo. Dicho plan debería basarse en cupos científicos vinculantes, transparencia en la asignación de derechos de agua y mecanismos flexibles de trasvases en función de la disponibilidad real, evitando la judicialización sistemática de cada modificación. Asimismo, es imprescindible reforzar la gobernanza participativa, incorporando a regantes, ONG y ciudadanos en órganos de decisión para conciliar producción y conservación ambiental.
MAPA DE SEQUÍA PROLONGADA EN ESPAÑA
En definitiva, España transita en 2025 un escenario hídrico de contrastes: si bien las últimas lluvias han elevado la reserva nacional a niveles superiores a la media de la última década, la profunda crisis estructural del Levante y sureste persiste. El reto pasa por combinar inversión en infraestructuras —desaladoras, modernización de regadíos—, innovación digital, precios que reflejen el valor real del agua y un marco de gobernanza integrado que permita gestionar un recurso cada vez más escaso bajo el estrés del cambio climático. Solo así será posible asegurar el abastecimiento, la viabilidad de los sectores productivos y la salud de los ecosistemas ante la sequía prolongada que amenaza convertirse en la nueva normalidad.
