Aprincipios de año Philip Alston, relator especial de la ONU desde 2014, llegó a España para reunirse con los colectivos más vulnerables y recorrer la Península a fin de emitir un informe en el que declaraba: “En España hay familias que tienen un dilema: o poner la calefacción o comprar comida”. Debido a la escalofriante cifra referida a la población en riesgo de pobreza: un 26% de españoles.
Desigualdad y pobreza son conceptos conexos y siempre es necesario revisar estas cifras en las que se envuelven los países democráticos para observar qué aspectos deben mejorar. Alston durante dos semanas recorrió seis regiones autónomas en las que se reunía con colectivos vulnerables y estudiaba su modo de vida. La pobreza es la lastra de la que los países desarrollados no han encontrado aún la solución, España tampoco: “Me he centrado en la cuestión de la pobreza en España. Lo que he venido a hacer es ver cómo viven las personas que tienen bajos ingresos. A mí me queda claro ahora que hay dos Españas, ya he estado aquí y he visto la prosperidad pero ahora he visto el otro rostro de un porcentaje de españoles que está intentando sobrevivir” así declaraba el relator.
La pobreza existe, sin embargo, es importante conocer el contexto y las estadísticas durante el análisis. España en 2008 sufrió una crisis que agitó a todos los sectores económicos. Así, Oxfam nos muestra la realidad a través de los datos. Una de cada seis familias españolas de clase media cayó en la pobreza tras dicha crisis. Además, nuestro país ocupa el cuarto puesto de los países más desiguales de la Unión Europea y el segundo lugar, tras Bulgaria, del país que más ha aumentado la distancia entre ricos y pobres. No obstante, con el paso de los años se fue recuperando y 12 años más tarde la situación mejoró y la economía logró prosperar.
Para muestra de esta recuperación la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social descendió de 2014 a 2018: del 28,1% al 25,6%. Segundo, los ingresos que más aumentaron fueron los correspondientes a las rentas más bajas según percentiles. Este gráfico nos muestra los datos de la Agencia Tributaria en 2017.
Y finalmente, un dato más. El índice de Gini, que sirve para medir la disparidad en el reparto de la renta (donde 1 representa la máxima desigualdad y 0 es la redistribución total); en 2014 se encontraba en 0,347 y en el 2018 en 0,304. Con los datos en la mano es evidente que la desigualdad se ha reducido, al igual que la pobreza y la situación en España parece no ser tan catastrófica como nos la mostraba Alston. No obstante, la pobreza sigue existiendo lamentablemente y el Gobierno debe atender a los más vulnerables.
Para ello, Alston propone una mejor coordinación entre las ayudas destinadas a cada Comunidad Autónoma. El relator aplaude la descentralización, pero recalca que la burocracia española se ha quedado estancada en las fórmulas del siglo XIX: “Hay peticiones infinitas de documentos. La justicia social debe estar mejor distribuida con programas para todos de manera que no dependa completamente de dónde se encuentra la persona en riesgo de pobreza”. La respuesta por parte de las estructuras estatales ha quedado clara, a la par que es de necesaria importancia el mantenimiento de programas y planes sociales de ayudas, la agilización en trámites y la digitalización deben volverse sectores fundamentales para evitar que la pobreza en España aumente.
España se sitúa en el cuarto lugar de Europa entre los países con mayor desigualdad, como ya se ha mencionado. Los primeros en aumentar su renta en España tras la crisis de 2008 se corrrespondían a las rentas más altas. En 2014 el informe de Oxfam Intermon declaraba que un 29,2% de la población española se encontraba en riesgo de exclusión social: “La fortuna de sólo veinte personas en España alcanza un total de 115.100 millones de euros”.
El patrimonio de las grandes fortunas se incrementó en un 15% en 2014 según datos de Eurostat, mientras que la riqueza del 99% restante cayó un 15% en el mismo periodo. A continuación, fueron las rentas medias las que comenzaron a recuperarse. La “estadística de declarantes del IRPF por código postal” publicada por el Ministerio de Hacienda reflejaba un crecimiento entre 2013-2017 del primer al octavo percentil de barrios más pobres; indicando un crecimiento que oscilaba entre el 5,8% y el 7,4%.
En 2018 el peso total de la renta del 20% con menores ingresos sobre el total nacional subió al 6,6%; medio punto más que en 2017. La participación de la renta nacional del 20% más rico, en el mismo periodo de tiempo: 2018, se redujo en medio punto, desde el 40,2% hasta el 39,7%; indicando que la renta de los hogares pobres mejoró a un ritmo superior que el de las rentas altas. Los datos han sido propicios a mejorar conforme se pasaba 2014. Muestran como la salida de la crisis fue escalonada, comenzando por las rentas más altas y terminando en los barrios con códigos postales en la que sus vecinos tienen las rentas más bajas.
En enero de 2020 El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicaba un informe que concluía con que el gasto social español es escaso e ineficiente. Recomienda que el “gasto en protección social debería revisarse para mejorar la redistribución focalizándose en los más vulnerables”. La ineficiencia se localiza a través del índice de Gini, concretamente en el diseño del reparto del gasto social. España se sitúa en la media europea de desigualdad antes de aplicar impuestos y transferencias sociales a las rentas, una vez que se hace España se separa del centro y ocupa las posiciones más bajas de la Zona Euro. El FMI señala que la fiscalidad y el gasto público apenas reducen el índice de Gini en España en 0,18 puntos por debajo de la media europea de 0,21 puntos y lejos de los más de 0,25 puntos de los países del norte y centro de Europa. A continuación, se muestra un mapa con los resultados del índice de pobreza humana en los países de la OCDE según parámetros de la ONU en 2006.
El 60% de la reducción de la desigualdad se debe a las pensiones y los impuestos, pero apenas llega esta redistribución a los jóvenes y a las familias o colectivos vulnerables. El resultado de esta ineficiencia no ayuda a que zonas como las que visitó Alston mejoren, una de estas zonas fueron los campamentos establecidos en Huelva; como Lepe o Palos de la Frontera.
Los temporeros inmigrantes: los más vulnerables
El relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU visitó el asentamiento de temporeros inmigrantes de Lepe. Allí, nuestro entrevistado Feyeou Diop le mostró cómo en el siglo XXI aún vive gente en España sin agua ni luz, sin una vivienda digna. Feyeou forma parte de la asociación ASNUCI (Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad) y asegura que la situación es crítica: “Están descansando debajo de un plástico fabricado con palets de madera y cartones”.
La asociación está en funcionamiento desde 2009 pero la pasividad de los Ayuntamientos y la Comunidad son plausibles. En este asentamiento, viven unas 300 personas, hombres, mujeres, incluso niños. Ganan 6 euros a la hora. Actualmente, están recaudando dinero para la construcción de un Albergue. “En general la gente nos está apoyando, trayendo comida, material, desinfectantes; pero dinero para el albergue, no”. “Un banco que se llama La Caixa nos ha apoyado con 6.000 euros, es poco, pero está bien, es mejor que nada”.
Diop nos cuenta que el principal objetivo de la asociación es conseguir la regularidad de las personas. “Tenemos mucha gente sin papeles que están trabajando. Necesitan una vivienda digna. La asociación también lleva la lucha a otros pueblos. Hemos escrito a varios Ayuntamientos para el tema de las chabolas y el estado de alarma. Nuestra lucha es provincial”. El entrevistado recalca la necesidad de la obtención de los papeles considerando que la actuación de los partidos políticos es nula porque no pueden votar, y, por lo tanto, no forman parte del Estado de Bienestar. Afirma que “si nos permitieran votar, ya no habría más chabolas”. La regularización es un elemento básico para formar parte de una sociedad. Feyeou considera que forman parte de ella y que, por lo tanto, deben contribuir como el resto de los ciudadanos: “porque el país nos necesita y nosotros necesitamos el país. Tienen que dejar de hacer como que no pasa nada, dejar de mirar a otro lado.”
Desde 2008 la situación ha ido mejorando, no obstante, el aumento de garantías no es favorable para estos temporeros inmigrantes. “Nosotros estamos haciendo el trabajo sucio por necesidad, por eso lo aceptamos. Una vez que tengamos nuestros papeles, podremos defender nuestros derechos.”
La situación ha ido empeorando tras la implantación del estado de alarma, ya que muchas de las medidas no se pueden cumplir bajo las condiciones en las que se encuentran. El Covid-19 requiere una serie de restricciones como la distancia de seguridad o una salubridad básica. “Vivimos en una habitación llena de basura. No hay luz ni fuente con agua.” La asociación ha reclamado los polideportivos y colegios al Ayuntamiento para habilitar unas viviendas provisionales, pero no ha habido respuesta. “¿¡Cómo vamos a cumplir el estado de alarma!? No les importa.” Sin embargo, desde el Ministerio de Sanidad, por un escrito realizado a la Diputación por ASNUCI les concedieron un camión cisterna de agua durante el confinamiento, aunque, cuando todo vuelva a la normalidad, lo quitarán. “Llevamos aquí 20 años y nunca lo habían hecho.”
Estos asentamientos chabolistas de temporeros inmigrantes existen desde hace más de 20 años. Nuestro entrevistado llegó en 2009 y todavía no se ha conseguido ningún avance. Cada vez hay más personas en esta situación. El negocio de la agricultura intensiva dejó en Huelva el año 2018-2019 533 millones de euros según el informe de Alston. Ninguna Administración se ha puesto a gestionar la situación para evitar que una parte de los trabajadores vivan en la marginalidad. La redistribución de la renta en España debe mejorar, como han constatado los informes referidos. La situación causada por el Covid ha hecho constatar a las Administraciones la ayuda en las zonas más vulnerables, sin embargo, una vez que termine el confinamiento se restablecerá la “normalidad” y los temporeros onubenses volverán a su antigua situación de mayor vulnerabilidad e invisibilidad mediática.
