El abogado y activista del software libre, Javier de la Cueva analiza el impacto de las licencias libres, el copyleft y la propiedad intelectual en la sociedad actual. En esta entrevista reflexiona sobre la relación entre cultura, política, tecnología y geopolítica, defendiendo la necesidad de reformar el marco legal internacional para garantizar la soberanía digital, la transparencia y el acceso al conocimiento científico.
P: ¿Qué es lo más importante de establecer licencias libres dentro de la sociedad y la cultura?
R: Lo más importante es entender que vivimos en un mundo de propiedad intelectual donde las obras, por defecto, son privadas. Esto significa que, cuando alguien crea una obra intelectual, los demás no pueden hacer nada con ella si el autor no lo permite. Es decir, la obra es “inapropiable” para los demás, igual que ocurre con otros bienes privados. Solo hay tres casos en los que una obra se puede utilizar: si el autor da su consentimiento, si se aplica una excepción o límite legal (como algunos usos específicos sin necesidad de permiso), o si la obra está en dominio público. Fuera de estos casos, no se puede utilizar.
Utilizar una obra implica cuatro cosas: copiarla, transformarla, distribuirla o comunicarla públicamente. Como estas acciones están prohibidas por defecto, si el autor quiere que su obra se use, tiene que decirlo expresamente. Por eso las licencias son fundamentales: sirven para eliminar esa prohibición por defecto y permitir que otras personas puedan utilizar la obra. Sin una licencia, se entiende que nadie puede usarla, salvo en los casos excepcionales o cuando ya es de dominio público.

P: ¿Puede existir una cultura verdaderamente libre dentro del marco jurídico actual?
R: Es muy complicado porque el marco normativo del cual nosotros dependemos está muy condicionado por Estados Unidos y por grandes intereses económicos. El marco normativo es un marco centralizado a nivel mundial. La propiedad intelectual se ha convertido en una mercancía que hay que proteger dentro del comercio mundial, especialmente desde los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Esto establece la obligatoriedad de los Estados de llevar a cabo prácticas específicas para proteger este tipo de bienes.
Hay otro problema que también es muy grave: la propia concienciación general de la sociedad. Nos bombardean continuamente con mensajes como “la piratería es mala”. Históricamente, sin embargo, la piratería ha sido fuente de desarrollo y riqueza: en Venecia, en Estados Unidos tras su independencia y en el origen de Hollywood. Actualmente, la inteligencia artificial también se ha nutrido de obras disponibles en internet, generando nuevos modelos de riqueza. Esta centralización y falta de crítica perjudican a la ciencia. La ciencia necesita replicabilidad máxima y acceso a la información para poder desarrollarse. En cambio, el sistema favorece al entretenimiento, que busca restringir el acceso a los contenidos.
P: Entonces, ¿considera necesaria una reforma del marco legal?
R: Sin duda. Pero la reforma debe ser internacional y centralizada, porque estamos hablando de una cuestión geopolítica. Europa paga cada año enormes cantidades de dinero en propiedad intelectual a Estados Unidos, y esto se canaliza en gran medida a través de Irlanda. No estamos hablando sólo de derechos de autor individuales, sino de grandes balances económicos y de soberanía tecnológica. La propiedad intelectual es una cuestión estratégica a nivel mundial. Por eso cualquier cambio o reforma no puede limitarse a un país o a una región, sino que debe abordarse a nivel internacional y con coordinación centralizada.
La forma en que se gestionan los pagos, los balances y la protección de la propiedad intelectual afecta directamente a la economía, a la industria y a la capacidad tecnológica de los estados. Europa, al pagar grandes sumas cada año, participa de un sistema global en el que Estados Unidos se beneficia en gran medida, y esta situación demuestra que la propiedad intelectual tiene un impacto estratégico que trasciende los derechos individuales de los autores y afecta a la soberanía tecnológica de los países.
P: ¿El copyleft puede utilizarse también como arma política?
R: El copyleft siempre ha estado vinculado a la política desde su origen. Incluso el propio término juega con la idea de izquierda y de libertad. Dentro del software libre surgieron debates sobre si debía llamarse free software o open source, lo que demuestra que la cultura y la tecnología siempre tienen un componente político. En realidad, toda la cultura es política, porque implica poder, control y organización social.
P: La Unión Europea ha impulsado programas como Europa Digital o Next Generation Internet para fomentar el software abierto. ¿Son suficientes?
R: Son pasos positivos, pero todavía insuficientes. La Unión Europea depende en gran medida de empresas tecnológicas estadounidenses. Se utilizan repositorios como GitHub, sistemas de comunicación como Zoom o Teams y servicios de almacenamiento de Google o Microsoft. Esto demuestra que la soberanía digital europea aún es muy limitada. Lo que necesitamos es un sistema tecnológico en stack, basado en software libre, donde podamos auditar el código y garantizar la seguridad. Si mañana una gran empresa tecnológica decide cortar el servicio, Europa podría quedarse sin herramientas fundamentales. Por eso la soberanía digital no es solo una cuestión técnica, sino también política y estratégica.
P: ¿Están las universidades preparadas para apostar por este tipo de modelos?
R: Todavía no del todo. La gran mayoría de universidades utilizan Gmail, Google Drive o Microsoft Teams, lo que demuestra que siguen dependiendo de empresas privadas. Existe voluntad de cambio y organismos como la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas trabajan en ello, pero falta una estrategia unificada. Las universidades son instituciones muy grandes y complejas, y la transformación tecnológica requiere tiempo y concienciación.
Javier de la Cueva deja una idea clara, el debate sobre la propiedad intelectual, el copyleft y el software libre ya no es únicamente una cuestión jurídica o cultural, sino un asunto estratégico que afecta directamente a la soberanía digital, al desarrollo científico y al equilibrio geopolítico mundial. En un contexto marcado por la dependencia tecnológica y por la creciente digitalización de la sociedad, la apuesta por licencias libres, transparencia y acceso al conocimiento se presenta como un reto urgente para las instituciones, las universidades y los gobiernos. Más allá de la teoría, el futuro de la cultura libre dependerá de la capacidad de Europa y de la ciudadanía para construir un modelo tecnológico propio que garantice autonomía, innovación y libertad en el acceso a la información.




