Una mañana en una clínica acreditada del barrio de Salamanca, a siete días de que el Gobierno aprobara reformar la Constitución para garantizar el aborto en la red pública: las mujeres llegan con su derivación del SERMAS y esperan turno en un centro privado.
La sala de espera de la clínica acreditada a la que acudo este martes-14 de abril- tiene el silencio de los lugares en los que se habla poco y se mira mucho. Antes de entrar, la clínica aparece en una calle discreta del centro de Madrid, apartada de las vías principales, cubierta por los árboles y apenas visible a lo lejos, quedando escondida, dando la impresión de no querer llamar la atención, como si lo que sucede dentro debiera quedarse resguardado del paso de la calle. Dentro hay sillas alineadas, una luz blanca, papeles sobre las rodillas y mujeres que esperan turno con el móvil en la mano o la vista fija en la pared, intentando ocupar su tiempo sin hacer demasiado visible la espera.
Laura, lleva veinte minutos sentada con una carpeta en el regazo. Dentro, el formulario de derivación del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Su médico de cabecera se lo tramitó hace diez días. «Me dijo que en el hospital tardaría mucho. Que aquí sería antes», me cuenta sin levantar la voz. Vino en metro desde Leganés. Vino sola.
La intervención de Laura no le costará nada: la cubre la Seguridad Social. Pero el hospital público que le corresponde en Leganés no la realizará. Casi ningún hospital de la Comunidad de Madrid lo hace. Solo el 0,47% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizaron en centros públicos en la Comunidad de Madrid en 2024, según el informe del Ministerio de Sanidad citado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el pasado 7 de abril, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó reformar el artículo 43 de la Constitución para blindar el acceso al aborto en la red pública. «Esto está generando una diferencia sustancial entre mujeres de primera y mujeres de segunda dependiendo de dónde residan», afirmó.
La objeción de conciencia es la principal razón por la que los hospitales públicos de Madrid apenas practican IVE. La Ley Orgánica 2/2010 permite a médicos y personal sanitario negarse por motivos éticos o religiosos, y en la práctica esto paraliza servicios completos de ginecología, obligando a derivar a clínicas privadas concertadas. Aunque la ley exige garantizar el acceso, la falta de registros oficiales de objetores y las dificultades organizativas —espacios específicos, turnos disponibles— convierten esta prestación en una excepción en la sanidad madrileña.
La misma ley, dos realidades distintas
El contraste con otras comunidades es difícil de pasar por alto. Mientras en Madrid y Andalucía ese 1% habla por sí solo, en Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra más del 60% de las interrupciones se practica en hospitales públicos, según los datos del Ministerio de Sanidad citados por la ministra. En el conjunto del país, ocho de cada diez abortos se derivan a clínicas privadas acreditadas como la que tengo delante. El derecho es el mismo en toda España. La ley es la misma. El camino que recorre cada mujer para ejercerlo no lo es.
María tiene 22 años y estudia en Madrid. Llegó con cascos y sin acompañante. Le pregunto si le ha contado a alguien que viene aquí. «A una amiga», dice. «A mis padres no. No es que tenga que esconderlo. Es que es más fácil así.» Tiene clase por la tarde. Tiene pensado volver andando a casa.
Lo que puede haber al otro lado de la puerta
La ministra Redondo defendió trasladar la IVE a hospitales públicos para evitar el acoso: «Cuando una mujer va a abortar a una clínica privada se expone a insultos y a presiones de quienes acuden a presionarlas y cuando va a un hospital público nadie sabe a lo que va y su libertad es total», dijo.
No es una hipótesis. En noviembre de 2025, un tribunal en Vitoria-Gasteiz celebró el primer juicio en España contra más de 20 personas acusadas de hostigar a mujeres y profesionales sanitarios a las puertas de una clínica acreditada. Las organizaciones antiabortistas tienen documentada su presencia habitual frente a centros de este tipo en varias ciudades del país, incluida Madrid.
Una reforma que choca con la aritmética
El proyecto aprobado el 7 de abril incorpora un nuevo párrafo al artículo 43 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el ejercicio del derecho al aborto «en condiciones de igualdad real y efectiva» en todo el territorio. Para prosperar, necesita una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado, cifra imposible sin el Partido Popular (PP), que ya ha anticipado su rechazo. El Gobierno lo sabe. Hay elecciones en Andalucía el 17 de mayo.
Mientras tanto, este martes, en la sala de espera, llaman a Laura. Se levanta, coge su carpeta y desaparece por el pasillo. María se quita un auricular y mira el móvil impaciente, se come las uñas. La recepcionista teclea algo. En Madrid, 14 de abril, el Estado financia lo que no practica.
