Un mercado en transformación
Según un informe del Banco de España, el mercado de la vivienda en España sufrió una profunda reconfiguración tras la crisis inmobiliaria. Entre 2008 y 2013, el precio de la vivienda cayó cerca de un 30 % en términos reales, en paralelo a un desplome de la actividad constructora y del crédito al sector. El ajuste dejó además un elevado stock de viviendas sin vender, que llegó a situarse en cientos de miles de unidades, reflejo del fuerte desequilibrio entre oferta y demanda.
A partir de entonces, el sector entró en una nueva fase marcada por un menor peso en la economía y por una mayor dependencia de la capacidad adquisitiva de los hogares. Sin embargo, en la última década la vivienda ha recuperado protagonismo como activo económico. Según datos de Eurostat, este cambio se ha traducido en un aumento sostenido de los precios a nivel internacional. En España, esta tendencia se ha intensificado en 2025, con incrementos del 12,9 % en el último cuatrimestre, evidenciando la creciente presión sobre el mercado.
Esta transformación del mercado inmobiliario también se refleja en su creciente desconexión con los salarios. Según datos de RTVE, entre 2015 y 2024 el precio de la vivienda en España aumentó un 65 %, mientras que el salario medio bruto solo creció un 26%, ampliando de forma notable la brecha entre ingresos y acceso a un hogar. A esta desigualdad se suma el esfuerzo económico que deben asumir los hogares: actualmente se necesitan más de 7 años de salario bruto para comprar una vivienda y alrededor del 36 % de los ingresos anuales se destina al pago inicial, por encima del umbral recomendado. En el caso del alquiler, la situación es similar o incluso más acusada, con subidas que superan ampliamente el crecimiento de los sueldos, lo que evidencia que el encarecimiento de la vivienda avanza a un ritmo muy superior al de la capacidad adquisitiva de la población. Esto perjudica a todos los españoles de cualquier edad cotizante. Según los datos de un estudio social realizado por CIS el pasado marzo, el primer problema que presenta España y que, por ende, más preocupa a los españoles, es la vivienda.
El problema no radica en la construcción de viviendas, sino en el modelo de negocio que se desarrolla en torno a ellas. Muchas de estas propiedades se comercializan como inversiones destinadas a alquileres de corta estancia, lo que favorece procesos de gentrificación y dificulta el acceso a la vivienda para la población local. En España, este fenómeno ha crecido de forma notable: en los últimos años, los alquileres turísticos han aumentado significativamente, con incrementos de hasta el 25 % en algunas zonas, lo que ha intensificado la presión sobre el mercado inmobiliario y reducido la oferta disponible para residentes.
Además, diversos estudios académicos señalan que estas viviendas de corta estancia tienden a concentrarse en zonas céntricas o con alto potencial turístico, donde generan mayores beneficios, lo que refuerza la especulación inmobiliaria y acelera la transformación de los barrios. En ciudades como Madrid, este tipo de alquileres ha contribuido a una nueva ola de gentrificación, elevando los precios y desplazando a la población local hacia otras áreas. En lugares como Móstoles ya se encuentran precios tan elevados que obligan a los madrileños a irse de Madrid.
¿Qué dicen los sindicatos?
Pero más allá de los números, el problema de la vivienda se manifiesta en casos reales y, fundamentalmente, en la unión de quienes la padecen. Los grupos de vivienda (como el sindicato de inquilinas) han surgido recientemente como unas de las maneras más importantes de reacción social ante estos problemas. Son grupos de reunión, sin afiliación a partidos políticos, que pretenden asegurar la posibilidad de tener un hogar mediante acciones conjuntas: ayuda legal, tratos con dueños, influencia en autoridades y, a menudo, detener los desalojos. Su modo de operar se fundamenta en la ayuda mutua entre vecinos y en la creencia de que tener un hogar no debe depender solo de la economía, sino que es un derecho fundamental.
El Sindicato de Vivienda de Carabanchel, donde trabaja la vocera consultada, es parte de este nuevo movimiento de organización comunitaria que empezó a crecer tras la crisis de 2008 y se hizo firme en la década posterior, al mismo tiempo que aumentaban los desalojos. «Tenemos casi 15 años peleando por el derecho a tener una casa», comenta. Durante ese periodo, estos grupos han evolucionado de ser ideas aisladas a transformarse en organizaciones firmes en muchas de las zonas de las urbes principales.
El problema va más allá del aumento de precios. También resulta en expulsiones que impactan a hogares con una historia larga en la zona. Este es el escenario de una residente de Alto de San Isidro, quien ha vivido en su hogar por más de 30 años y ahora enfrenta un desalojo sin otra opción de vivienda. “Tenemos el desalojo de una vecina, una compañera del barrio… una familia que ha residido allí por más de 30 años y no les han ofrecido ninguna solución”, se quejan desde el sindicato. Escenas así evidencian una de las objeciones centrales de estos grupos: la ausencia de sistemas de amparo eficaces, incluso para familias que se consideran en riesgo.
Además, los sindicatos avisan de que ni siquiera los reportes oficiales de fragilidad aseguran detener las desokupaciones. “Tuvimos un desahucio en Tetuán la semana pasada que tenía informe de fragilidad y se llevó a cabo de igual modo”, cuentan. A eso se añade una situación de presión constante: “Entre los desahucios que suceden a diario, las nuevas edificaciones que provocan el alza del precio del mercado y que las rentas ya son imposibles de pagar… el escenario se vuelve insostenible”.
De acuerdo con estas agrupaciones, en los años recientes han ocurrido más de un millón y medio de desokupaciones en España, una cantidad que no contempla los llamados “desokupamientos silenciosos”, o sea, aquellos en los que las familias dejan sus residencias antes de que se cumpla la orden judicial. Frente a esto, los sindicatos de vivienda han formado redes de respaldo que han conseguido parar varios desalojos por medio de la movilización de los vecinos.
El incremento de estos grupos no es un suceso separado. En toda España han aparecido decenas de sindicatos de vivienda y colectivos parecidos, particularmente en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Como el de Carabanchel, muchos de ellos comparten una organización sin jerarquías, una fuerte conexión comunitaria y una falta de fe en las soluciones institucionales de siempre. Su expansión muestra, en gran parte, la incapacidad del sistema para asegurar la entrada a un hogar por caminos habituales.
A esta fricción social se añade el efecto de ciertas directrices y crecimientos urbanísticos. Entre ellos resalta Madrid Nuevo Norte, una de las mayores operaciones urbanas en Europa. Este proyecto tiene planeada la edificación de miles de hogares y la ampliación de zonas comerciales en la capital. No obstante, desde los sindicatos se alerta de que acciones de esta naturaleza pueden ayudar a subir el valor del terreno y apresurar procesos de desplazamiento social en vecindarios cercanos.
¿Cómo afecta a la población?
Este escenario afecta de manera particularmente fuerte a los jóvenes. Para quienes están entrando al mundo del trabajo, poder tener su propia casa es ahora una aspiración más difícil de alcanzar. La inestabilidad en el empleo, los sueldos menores y los contratos poco seguros hacen complicado juntar dinero para un pago inicial o poder pagar rentas altas, lo que pospone la independencia y fuerza a quedarse más tiempo en casa de los padres o a vivir con otros en condiciones que a menudo son inestables.
En una nación donde tener un hogar representa la inquietud más grande de la población, la situación actual no se evalúa únicamente por números, sino por la diaria imposibilidad de miles, en particular los jóvenes, para crear planes de vida firmes. Con vecindarios en transformación, costos que continúan incrementándose y familias que luchan por no ser desalojadas, el hogar se afianza como un punto de quiebre que divide a toda la comunidad. Ante este panorama, mientras las autoridades buscan soluciones que aún no alcanzan, son los propios habitantes unidos quienes están demostrando la gravedad de un problema que va más allá de lo económico, siendo ahora un asunto social importante.
