Las consecuencias económicas derivadas de la crisis del Covid-19 está obligando al Estado a tomar medidas para sostener la economía a la vez que garantizar el Estado de Bienestar.
Los mecanismos más habituales del mercado laboral español se han dejado ver como daños colaterales de la crisis del coronavirus. La avalancha de los ERTE en las últimas semanas no ha evitado que se siga recurriendo a otras vías empresariales más drásticas, como el despido o la finalización de contratos temporales.
Medidas laborales
Con más de 1,5 millones de trabajadores afectados por estas medidas, CCOO y UGT pidieron la semana anterior que el Gobierno restringiera los despidos. Esta reivindicación fue atendida por el Gobierno mediante un Decreto promulgado el 28 de marzo. En él, la ley garantiza que “la duración de los ERTE no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del Covid-19”. Esta medida legislativa no tiene carácter retroactivo, por lo tanto, los despidos producidos con anterioridad no se pueden revertir. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo aclaran que el despido sería considerado improcedente, con la consecuente indemnización de 33 días por año trabajado. De igual modo, los afectados podrán disponer de una prestación como subsidio de desempleo.
Ampliación del aislamiento
En la noche dominical del 29 de marzo, una de las ya recurrentes ruedas de prensa del Gobierno anunciaba la paralización de toda actividad no esencial en España. Debido al aumento del número de fallecidos en los últimos días, el Ejecutivo se vio en la obligación de limitar aún más los movimientos de los trabajadores. Así, las únicas actividades que continúan su curso de forma presencial son aquellas relacionadas con el sector primario, la fabricación de ropa de trabajo, productos farmacéuticos y el transporte y distribución de todos los productos considerados básicos.
Los empresarios acogieron esta medida con recelo. Ya desde el pasado viernes, las patronales CEOE y Cepyme afirmaron que estas disposiciones “van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo”.
Un salvavidas para la crisis
Para complementar las medidas aprobadas en las semanas anteriores, este 31 de marzo el Ejecutivo ha dado un respiro a los colectivos más vulnerables. De esta manera, se ha creado una prestación extraordinaria por desempleo para las trabajadoras del hogar y los trabajadores temporales, se han suspendido los desahucios por alquiler y se ha ofrecido una moratoria en el pago de cotización de los autónomos. Con este nuevo paso, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, asegura que el compromiso del Gobierno es “que nadie se quede atrás”.
El reto económico no es baladí. Es el momento de aplicar políticas económicas extraordinarias, que procuren mantener las constantes vitales del tejido productivo, de sostener a empresas y trabajadores, de apoyar a las familias más vulnerables, de ser cautos para volver lo más pronto posible al punto en el que nos encontrábamos antes de la pandemia. Es el momento de los gobiernos y de los bancos centrales, de ellos depende la magnitud de esta crisis.
