Nueva polémica en Madrid con la Ley de Memoria Histórica

La Justicia española deniega el cambio del nombre de las calles Caídos de la División Azul y Millán Astray

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado esta semana que las calles Caídos de la División Azul y Millán Astray no vulneran ninguno de los artículos de la Ley de Memoria Histórica. Los nombres de ambas vías públicas se mantendrán tal y como se ha hecho en las últimas décadas. Esto supone la desestimación del recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena para cambiar la denominación de las calles.

La Guerra Civil española dejó muchos nombres que marcaron la historia y el desarrollo del país. Algunos como ‘División Azul’, ‘Millán Astray’ o ‘Francisco Franco’ siguen estando presentes en los discursos políticos, en las conversaciones ciudadanas y en la cultura del país. Tanto es así que existen calles que aún conservan nombres característicos del bando sublevado. Los partidos y organizaciones políticos se han pronunciado en los últimos años en relación con este tema. Un ejemplo se produjo durante el mandato de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Se presentó un proyecto para cambiar el nombre de un total de 52 calles madrileñas. El motivo principal que se estableció fue que estas denominaciones suponían una vulneración de la Memoria Histórica por ser referencias directas de la dictadura de Francisco Franco y la Guerra Civil.

Repercusión

La iniciativa propuesta por el Ayuntamiento de Madrid despertó el rechazo de muchas organizaciones como la Plataforma Millán Astray o la Fundación Francisco Franco. Ambas presentaron recurso ante esta decisión afirmando que se trataba de un gasto público innecesario. Además, también defienden que no son nombres que vulneren la democracia del país. No obstante, tal y como cuenta a Medio Multimedia Emilio De Miguel, secretario de la Fundación Francisco Franco, sí se debería invertir ese dinero en la propuesta establecida por VOX para la retirada de placas y monumentos de Largo Caballero e Indalecio Prieto. 

Infografía en azul sobre la Ley de Memoria Histórica. Aparecen siete puntos con los diferentes apartados que abarca dicha ley. A la izquierda aparecen los números y a la derecha del textos disitintos iconos representativos.
Infografía sobre la Ley de Memoria Histórica. Autor: Andrea Torres Rojo (CC-BY-SA)

El entrevistado considera que se trata de una acción justa. Según él, “Largo Caballero tiene responsabilidad de sangre derramada e Indalecio Prieto es uno de los mayores ladrones del país”. El Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena defiende su postura con argumentos similares al igual que el resto de fundaciones que han presentado recursos. Las bases esenciales en sus discursos son la Memoria Histórica y la democracia española vistas desde distintas perspectivas. No obstante, los fundamentos en los que se basan son diferentes y de mayor o menor veracidad dependiendo del caso. Así, el paso de ambas partes por la Justicia también ha hecho surgir grupos ciudadanos que apoyan el cambio y de otros que lo rechazan. Los afectados directamente son las personas que viven en las calles susceptibles de cambio. Muchos de ellos se han manifestado a favor de este proyecto de Carmena, afirmando que se trata de una reforma necesaria desde hace mucho tiempo.

Misma sentencia

Llueve sobre mojado respecto a la sentencia de la justicia para la no retirada de las calles en homenaje a la División Azul. Ya en 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo emitió la misma resolución a la petición de Carmena que la que hoy presenta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El argumento que esgrime la autoridad judicial madrileña es que la División Azul queda fuera de los años de la Guerra Civil y el franquismo, los que ampara la Ley de Memoria Histórica de 2007Ya entonces, la alcaldesa madrileña consideraba que la conservación de esta calle situada en el distrito de Chamartín vulneraba los principios de esta legislación. Sin embargo, ninguno de los dos organismos judiciales lo ha considerado así. 

Si bien, las fechas dan la razón a los estamentos de justicia, la visión cambia teniendo en cuenta el análisis del origen histórico de la División Azul. Esta organización militar estuvo compuesta por alrededor de 45.500 españoles que acudieron a la Segunda Guerra Mundial enviados por el general Franco en ayuda a las fuerzas alemanas dirigidas por Adolf Hitler. Operó en la Segunda Guerra Mundial, sí, pero se gestó bajo el régimen franquista para devolver al líder de la Alemania nazi el favor por su contribución en la Guerra Civil española.

La doble resolución de 2018 y 2021 acerca del nombre de esta calle parece albergar un vacío legal. La Ley de Memoria Histórica ampara lo sucedido estrictamente entre los años 1936-1939 y 1939-1975 dentro de los límites del país. No obstante, los delitos cometidos fuera de las fronteras españolas con germen en la dictadura franquista quedan impunes al marco de la ley. Asimismo, la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977 continúa suponiendo una importante traba en la aplicación de las nuevas legislaciones sobre Memoria Histórica. En la actualidad se encuentran la ley de 2007 y el anteproyecto de Memoria Democrática de 2020, aún no vigente. Este último presenta como uno de sus puntos clave la “retirada de los símbolos contrarios a la memoria democrática” de las épocas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Sin embargo, tampoco especifica si la simbología existente de organismos militares como la División Azul, con ámbito de actuación exterior, entran también en esta medida.

Millán Astray, un caso diferente

También, en esta sentencia del TSJM se encuentra la resolución acerca de la calle Millán Astray. Esta tampoco ha recibido la aprobación del organismo de justicia madrileño. No obstante, las razones para el mantenimiento de la denominación de esta calle situada en el distrito madrileño de la Latina son diferentes. Se trata del nombre de un personaje con vinculación a la dictadura franquista. Para estos casos, se resolvió estudiar cada uno de ellos de forma individual y decidir si era o no susceptible de ser modificado, según la Ley de Memoria Histórica. Precisamente, Manuela Carmena consiguió la retirada del nombre tras la aprobación de su propuesta de modificación de 27 calles. Sin embargo, la Plataforma Millán Astray argumentó que la de este personaje es una calle que se estableció en 1924 antes de la Guerra Civil. De este modo, el gobierno de Martínez Almeida ha propuesto restablecerla. Ahora, el TSJM ha aprobado su conservación argumentando que Millán Astray no estaba en España cuando se produjo la sublevación liderada por Franco.

Ambigüedad legislativa

La Guerra Civil española cambió el devenir de todo el país y con ello, la gestión internacional del franquismo. Las relaciones con otros países fueron escasas, pero sí hubo ciertos acercamientos entre los líderes fascistas, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. La División Azul fue un claro ejemplo de las colaboraciones entre regímenes autoritarios. La dictadura franquista y el nazismo se encuentran directamente relacionados: sistemas que coartan las libertades y los derechos de los individuos. Al fin y al cabo, sistemas antidemocráticos.

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Estos acontecimientos plantean un interrogante: ¿por qué la legislación española no integra el franquismo más allá de las propias fronteras del país? En este sentido, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), asegura a Medio Multimedia que “el Estado no lo quiere hacer porque tampoco tiene ningún compromiso con la verdad, lo que le interesa es la equidistancia: ni estoy con los verdugos ni estoy con las víctimas”. Sin embargo, esta neutralidad del poder queda puesta en duda con la importancia que se le ha dado a la repatriación de los fallecidos en el extranjero de la División Azul. Así, nos encontramos con una ley que supuestamente ampara esta acción, pero no el cambio de la denominación de una calle que el Ayuntamiento de Carmena consideraba antidemocrática.

Esta ambigüedad legislativa no solo afecta a la simbología franquista y de la Guerra Civil, sino también a la búsqueda de las víctimas del franquismo. Lagunas que hacen insuficiente cerrar las heridas aún abiertas. Tal y como establece Emilio Silva, “esa puerta no está abierta para las víctimas del franquismo, no la abrió la Ley de 2007 ni pretende abrirla el anteproyecto de 2020. Nuestra pelea ahora mismo es que se abra esa puerta”.

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