El Gobierno debe activar ya un pacto hídrico de emergencia tras el cuarto año hidrológico con déficits récord en la cuenca del Guadalquivir.
La España de mayo de 2025 vuelve a agrietarse. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir apenas superan el 18 % de su capacidad, el nivel más bajo desde que existen registros digitales. En 1983, una sequía similar se enfrentó con un plan hidrológico consensuado; cuatro décadas después la ingeniería existe, pero falta voluntad. El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado trasvases puntuales y subvenciones al riego localizado —medidas útiles pero insuficientes—. La península encadena ya cuatro años de déficit; la sequía ha dejado de ser anomalía climática para convertirse en normalidad que exige política pública continua, no parches de víspera.
1. Hechos incontestables
Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología confirman que Andalucía pierde una media de 110 l/m² de lluvia anual desde el 2000. El campo, que aporta un 9 % del PIB, opera con restricciones de riego del 60 %. Las desaladoras portátiles prometidas en 2022 siguen sin conexión a la red, y el 22 % del agua se fuga por canales sin impermeabilizar. El turismo de interior languidece: en Jaén las reservas rurales cayeron un 23 % esta primavera, y la factura eléctrica doméstica sube un 4 % por aires acondicionados que ya funcionan en abril. En paralelo, 300 000 hectáreas de olivar intensivo afrontan la tercera floración fallida, un golpe que amenaza 40 000 empleos temporales. Además, los acuíferos del Campo de Tabernas descienden 1,2 m por año y el río Genil registra mortandad masiva de barbos, indicador de la ruptura del caudal ecológico. Las comunidades de regantes del Bajo Guadalquivir alertan de cortes de ocho horas consecutivas que impiden programar riegos de supervivencia, mientras trece municipios dependen ya de cisternas para el suministro humano.
España ya no sufre sequía: vive en sequía… 🌊🚨 #Sequía2025 #PactoHídrico pic.twitter.com/VSxzVJi9hM
— manel (@mnel9_) May 7, 2025
2. Interpretación y responsabilidad
Frente a estos datos, el Gobierno repite que la crisis «depende de la lluvia». Esa evasiva es inaceptable. Cataluña reutiliza el 34 % de su agua urbana; Andalucía apenas llega al 7 %. Pero el presupuesto de la Dirección General del Agua ha caído un 12 % en términos reales desde 2019 y el 38 % de los fondos europeos para eficiencia sigue sin ejecutar. No cabe la excusa competencial: el artículo 149 de la Constitución confiere al Estado la tutela de las cuencas intercomunitarias, y el Guadalquivir lo es. Renunciar a ejercerla —o culpar al cambio climático— equivale a abdicar del deber constitucional de proteger recursos estratégicos. Aún peor, la falta de coordinación permite autorizar nuevos regadíos mientras se recorta agua en los hogares, una paradoja que erosiona la confianza ciudadana. La sequía es también una cuestión de justicia social: las familias vulnerables gastan hasta un 12 % de su ingreso mensual en agua embotellada, cuatro veces más que los hogares de renta alta.
3. Sentencia y llamada a la acción
Por todo ello este diario insta al Consejo de Ministros a aprobar, antes del 30 de junio, un Pacto Hídrico de Emergencia con tres pilares: 1) invertir ya 1 000 millones € en digitalizar e impermeabilizar canales; 2) implantar tarifa escalonada y penalizar consumos excesivos, bonificando a regantes ahorradores; 3) alcanzar el 50 % de reutilización de aguas urbanas en 2030 mediante plantas terciarias y tuberías de doble red en ciudades de más de 100 000 habitantes. El coste equivale al 0,07 % del PIB y podría financiarse con los ingresos adicionales de las subastas de derechos de CO₂. Si el Gobierno necesita consenso, basta con replicar la comisión de expertos que alumbró el Pacto de Toledo, pero aplicada al agua. España fue un laboratorio hidráulico en el siglo XX y puede volver a serlo si deja de mirar al cielo y revisa su fontanería. De lo contrario, pronto contaremos emigrantes climáticos, no litros.
